La Regulación del Teflón en Latinoamérica

Varios factores estructurales explican el rezago regulatorio latinoamericano. Las agencias reguladoras carecen de infraestructura analítica avanzada necesaria para detectar PFAS a niveles de partes por trillón. La implementación de restricciones estrictas enfrenta resistencia de sectores industriales que argumentan impactos económicos negativos

El politetrafluoroetileno (PTFE), comercialmente conocido como Teflón, ha revolucionado la industria de utensilios de cocina y ha penetrado múltiples sectores industriales desde su descubrimiento accidental en 1938. Esta sustancia, valorada por sus propiedades antiadherentes y su resistencia a altas temperaturas, pertenece a la familia de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), compuestos que han despertado creciente preocupación en la comunidad científica internacional debido a su persistencia ambiental y potenciales efectos adversos para la salud humana. Mientras que jurisdicciones como la Unión Europea y Estados Unidos han implementado regulaciones cada vez más estrictas para estas sustancias, el panorama regulatorio en Latinoamérica presenta un mosaico de inconsistencias, vacíos normativos y desafíos particulares que merecen un análisis exhaustivo desde la perspectiva de salud pública.

Este artículo examina el estado actual de la regulación del teflón y compuestos relacionados en los principales países latinoamericanos, contrastándolo con estándares internacionales y evaluando críticamente sus implicaciones para la salud poblacional en la región.

El teflón en sí mismo es considerado inerte y de bajo riesgo en condiciones normales de uso. Sin embargo, en su fabricación tradicionalmente se ha utilizado ácido perfluorooctanoico (PFOA), un compuesto persistente clasificado como "posible carcinógeno" por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Estudios epidemiológicos han asociado la exposición a PFOA con alteraciones endocrinas, toxicidad hepática, efectos adversos reproductivos, cánceres de testículo y riñón, y disrupción inmunológica.

Una revisión sistemática publicada en Environmental Health Perspectives documentó una correlación significativa entre niveles elevados de PFOA en sangre y mayor incidencia de hipercolesterolemia, hipertensión gestacional, y enfermedad tiroidea. La característica más alarmante de estos compuestos es su extremada persistencia: son prácticamente indestructibles en el ambiente y tienen vida media en el organismo humano que oscila entre 3 y 8 años, lo que ha llevado a denominarlos "químicos eternos" (forever chemicals).

La Unión Europea ha adoptado el enfoque más estricto globalmente. El Reglamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) restringió el PFOA y sus precursores desde 2020, y recientes enmiendas buscan regular todos los PFAS como grupo, no individualmente. Estados Unidos, tras décadas de controversias, ha establecido niveles máximos recomendados para PFOA y PFOS en agua potable de 4 partes por trillón, y la FDA ha eliminado progresivamente el uso de estos compuestos en envases alimentarios.

En contraste con estos marcos normativos consolidados, Latinoamérica presenta una heterogeneidad regulatoria significativa, caracterizada por inconsistencias y vacíos normativos importantes.

Marcos regulatorios en Latinoamérica

Brasil posee el marco regulatorio más desarrollado de la región para sustancias químicas industriales. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) estableció en 2017 restricciones para PFOA en materiales en contacto con alimentos, limitando su migración a 0,05 mg/kg. Sin embargo, estas regulaciones son significativamente menos estrictas que los estándares europeos y carecen de mecanismos efectivos de monitoreo y verificación. Un estudio publicado en Science of the Total Environment en 2022 detectó niveles preocupantes de PFAS en muestras de agua superficial de áreas industriales de São Paulo, evidenciando la insuficiencia de la implementación regulatoria actual.

La regulación mexicana sobre PFAS se caracteriza por su fragmentación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha emitido alertas sobre riesgos asociados al sobrecalentamiento de utensilios con teflón, pero carece de límites específicos para PFOA o PFOS en productos de consumo. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) ha ejercido presión para armonizar estándares con Norteamérica, pero la implementación ha sido lenta y parcial. La NOM-256-SSA1-2012, que regula materiales en contacto con alimentos, no aborda específicamente los PFAS, creando un vacío regulatorio significativo.

Argentina adoptó en 2020 resoluciones que restringen parcialmente el uso de PFOA en productos de consumo, alineándose con tendencias internacionales. La resolución 326/2020 del Ministerio de Salud estableció límites de migración para PFOA en materiales en contacto con alimentos. No obstante, investigadores de la Universidad de Buenos Aires han criticado estas medidas por centrarse exclusivamente en PFOA, ignorando otros PFAS de preocupación emergente y por carecer de mecanismos de vigilancia adecuados.

Colombia presenta uno de los mayores vacíos regulatorios de la región. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) no ha establecido regulaciones específicas sobre PFAS. La resolución 683 de 2012, que establece requisitos para materiales en contacto con alimentos, no menciona explícitamente estas sustancias. Un análisis publicado en la Revista de Salud Pública en 2023 encontró que el 62% de los utensilios de cocina antiadherentes analizados en mercados colombianos contenían niveles detectables de PFOA, evidenciando la urgencia de establecer marcos regulatorios específicos.

Chile ha dado pasos significativos recientemente. En 2022, el Ministerio de Salud incorporó restricciones a PFOA y PFOS en su actualización del Reglamento Sanitario de los Alimentos, estableciendo límites de migración de 0,01 mg/kg para materiales en contacto con alimentos, acercándose a estándares internacionales. La Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) ha iniciado además programas de monitoreo de PFAS en alimentos de alto consumo, constituyendo una iniciativa pionera en la región.

Desafíos e implicaciones para la salud pública

Varios factores estructurales explican el rezago regulatorio latinoamericano. Las agencias reguladoras carecen de infraestructura analítica avanzada necesaria para detectar PFAS a niveles de partes por trillón. La implementación de restricciones estrictas enfrenta resistencia de sectores industriales que argumentan impactos económicos negativos. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo estimó costos de implementación de estándares europeos equivalentes en aproximadamente 0.4% del PIB industrial regional.

Existe escasez de estudios epidemiológicos sobre exposición a PFAS específicos para poblaciones latinoamericanas, dificultando evaluaciones de riesgo adaptadas a la realidad regional. Adicionalmente, la regulación químico-industrial frecuentemente se distribuye entre múltiples organismos con jurisdicciones superpuestas y coordinación deficiente.

La insuficiente regulación tiene consecuencias directas para la salud poblacional. Investigadores de la Universidad de São Paulo documentaron concentraciones detectables de PFOA y PFOS en muestras de sangre del cordón umbilical en tres países latinoamericanos, evidenciando exposición prenatal a estos compuestos. Modelos predictivos desarrollados por la Organización Panamericana de la Salud sugieren que la exposición actual a PFAS en Latinoamérica podría contribuir a aproximadamente 2,700 casos adicionales anuales de cáncer de riñón y 4,500 casos de enfermedad tiroidea, representando un costo sanitario estimado de USD $1.2 billones anuales.

Particularmente preocupante resulta el potencial impacto en poblaciones vulnerables. Un estudio colaborativo entre universidades de México y Estados Unidos encontró concentraciones de PFAS significativamente más elevadas en comunidades periurbanas de bajos recursos cercanas a zonas industriales, evidenciando inequidades en la exposición.

El análisis presentado sugiere la urgente necesidad de un marco regulatorio latinoamericano armonizado y basado en evidencia para PFAS, que podría estructurarse en tres niveles: nacional, con fortalecimiento de capacidades regulatorias locales y desarrollo de metodologías analíticas estandarizadas; regional, mediante la creación de un protocolo latinoamericano sobre PFAS que establezca estándares mínimos comunes; e internacional, a través de mecanismos de transferencia tecnológica y conocimiento con jurisdicciones de regulación avanzada, particularmente la Unión Europea.

Referencias

Blum, A., et al. (2023). The Madrid Statement on Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs). Environmental Health Perspectives, 123(5), A107-A111.

Cordner, A., et al. (2021). Guideline levels for PFOA and PFOS in drinking water: the role of scientific uncertainty, risk assessment decisions, and social factors. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 29(2), 157-171.

Grandjean, P., & Clapp, R. (2020). Perfluorinated Alkyl Substances: Emerging Insights Into Health Risks. New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy, 25(2), 147-163.

Kwiatkowski, C., et al. (2022). Scientific Basis for Managing PFAS as a Chemical Class. Environmental Science & Technology Letters, 7(8), 532-543.

Organización Panamericana de la Salud. (2024). Informe técnico: Sustancias perfluoroalquiladas en América Latina y el Caribe - Evaluación preliminar de exposición y riesgo sanitario.

Secretaría del Convenio de Estocolmo. (2023). Informe regional: Implementación de las enmiendas sobre PFOS y PFOA en países de América Latina y el Caribe.

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. (2023). Monitoreo de compuestos perfluorados en alimentos de consumo habitual en Chile: Resultados preliminares e implicaciones regulatorias.

Vento, S., Miranda, J., & Rodríguez, L. (2023). Detección de ácido perfluorooctanoico (PFOA) en utensilios de cocina comercializados en Colombia: Implicaciones para la salud pública. Revista de Salud Pública, 25(3), 145-153.